Desde que el actual gobierno asumió el mando, el 24 de mayo de 2021, sus afrentas contra las clases trabajadoras han sido constantes y se han intensificado hasta llegar a un punto insoportable. Las políticas neoliberales, el nivel de inflación en los productos de la canasta básica – efecto del incremento del costo del combustible-, la desinversión en educación y un sistema de salud pública totalmente colapsado son algunas de las razones por las que el pueblo está agotado.

El lunes 13 de junio, el movimiento indígena inició movilizaciones, llamando al Paro Nacional y convocó a otros sectores a sumarse a las medidas de hecho. Múltiples organizaciones e individualidades nos hemos convocado en las distintas ciudades del país para hacer uso de nuestro derecho a la protesta y la resistencia plenamente reconocidos por la Constitución.

La respuesta del gobierno y sus fuerzas represoras ha sido la violencia, el único idioma que saben hablar. La Policía Nacional, amparada en la Ley de Uso progresivo de la fuerza (que, por cierto, aún no entra en vigencia) ha arremetido con sadismo, deteniendo y maltratando a decenas de manifestantes, efectuando procesos totalmente ilegales y llenos de irregularidades. Los medios hegemónicos han hecho eco del mensaje distorsionado del gobierno, calificando de vandalismo o terrorismo cualquier acto de resistencia, criminalizando la protesta como desde hace meses. Así mismo, las fuerzas represoras y el sistema judicial han hostigado a líderes comunitarios y políticos a lo largo de todos estos días.

El viernes 17 de junio, después de cinco días de movilizaciones y brutal represión, el presidente La$$o decretó el estado de excepción en las provincias que mayor actividad han tenido. Con estas medidas, privilegia los derechos de los burgueses, protege los «sectores estratégicos» y busca intimidar a quienes nos manifestamos. ¿Con qué cara quiere garantizar el derecho a la libre circulación si a la gente ya no le alcanza para el pasaje? ¿Con qué cara busca garantizar las actividades laborales si ya casi nadie cuenta con un empleo digno? ¿Con qué lógica prioriza unos derechos por sobre otros?

Nos resultan alarmantes los artículos del Decreto 455:

– Art. 6.- suspender el derecho a la libertad de asociación y reunión de las personas.
– Art. 7.- Toque de queda.
– Art.12.- Extradición a extranjeros detenidos en las movilizaciones.
– Art. 16. Suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio y libre tránsito.

Al primer llamado del amo, las FFAA ya se han desplegado y militarizado zonas del campo y la ciudad. Se ha confirmado el fallecimiento de una persona en el marco de las protestas, hay varias heridas y una que perdió su ojo por un impacto de proyectil. Además, el sábado 18 de junio, el auto en el que se movilizaba Leonidas Iza recibió un impacto de bala en un atentado. Así mismo, la Policía Nacional, allanó hoy domingo 19 de junio la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sitio de albergue para las personas que se movilizan para protestar a Quito, «buscando material bélico tras una supuesa denuncia ciudadana» y violando uno de los sitios de acogida humanitaria. Es evidente que tienen una agenda de intimidación y acoso tenaz. Tenemos ante nosotras todos los elementos de un Estado de Terror. ¿Quiénes son los terroristas?

Si en algún momento hubo dudas sobre la fascistización de este gobierno, hoy no nos quedan más que certezas. Y es nuestro deber hacerle frente. Hacemos un llamado a seguir organizándonos, en las calles, en las plazas, en los barrios, en las universidades, y hasta en las mismas casas. Todxs podemos aportar algo.
Súmate a los cacerolazos, a las marchas y plantones, arma brigadas de salud, instala centros de acopio, difunde y comparte el contenido de medios alternativos y no dejes de hablar del tema. El paro no para y es nuestra tarea preparar la ofensiva popular, unamos nuestras fuerzas en un solo puño, unamos nuestras voces en una sola, que grite ¡dignidad!

Ningún derecho se ha conseguido de rodillas, la justicia social se consigue con la lucha colectiva.
¡A LAS CALLES!