Creemos que esta decisión responde claramente a una búsqueda desesperada por recuperar un poco de legitimidad frente al desprestigio que se ha ganado el gobierno por sus malas decisiones y nulas políticas para garantizar bienestar y seguridad a la población. Esta falta de credibilidad, la enfrenta no solo él y su gabinete sino también sus fuerzas de seguridad, que se han visto inmiscuidas en tramas de corrupción y abuso de poder. Por lo tanto, pensamos que tampoco es casual que, esta declaratoria, se dé frente a su amenaza de destitución por un juicio político en curso.

Definir exactamente por qué llegamos a este punto de la realidad nacional, con los índices más altos de criminalidad de la historia, muertes violentas, sicariatos, masacres carcelarias, no es difícil de responder. En un país donde nos acecha no solamente la violencia de las bandas organizadas, sino sobre todo el desempleo, la deserción escolar, la desnutrición infantil, el desmantelamiento de la salud pública y la seguridad social, por una política estatal que ha descuidado todos estos aspectos a propósito. Esto solamente podría llevarnos a otra realidad en la que los empobrecidos ensanchen las filas de la criminalidad. Que las bandas tengan el control del país es culpa del recrudecimiento de las desigualdades sociales que han orquestado los últimos gobiernos.

Estamos seguros de que, el gobierno no solo no puede luchar contra el crimen organizado, sino que no quiere hacerlo. Porque en esta dinámica, participan no solo bandas criminales, -como quiere hacernos creer- sino que se teje como red transnacional principalmente gracias a la participación de agentes estatales de todo nivel, tanto de las instituciones (financieras, tributarias, aduaneras) como de policías y militares; además de grandes capitales de empresas privadas. Sin esta complicidad y encubrimiento del estado y las élites, las mafias organizadas no tendrían tanto éxito.

Si el gobierno quisiera verdaderamente luchar contra el crimen organizado, debería atacar sus verdaderas raíces. Primero garantizando condiciones básicas y dignas para la vida, pasando por atacar los circuitos económicos del narco y también empezando a volcar el discurso del narcotráfico hacia el consumo de drogas como un problema de salud pública y no como un problema moral o delictivo.

Sin embargo, solo vemos como cada vez ensancha los aparatos represivos, aumenta las penas a delitos y llena las cárceles – ya hacinadas-, a conveniencia de un sistema judicial podrido en corrupción. Pero las cosas no queda ahí, el estado neoliberal de Guillermo Lasso se ha encargado de dotar de monstruosas cantidades de armamentos a militares y policías, extendiendo su uso incluso a la población civil, con lo cual pretende instaurar una falsa calma en la opinión pública.

Esta agudización del imaginario de terror, del que son cómplices también los medios de comunicación hegemónicos, quienes legitiman permanentemente el discurso del terrorismo, metiendo en el mismo saco a narcos, criminales y movimiento social organizado, solo son parte del gran entramado del miedo, la zozobra y la incertidumbre al que nos tienen expuestxs.

Pretenden hacernos creer, como si fuéramos niñxs, que estás medidas disuadirán la criminalidad. Pero sabemos, muy tristemente, que aun cuando su política oficial de asesinato fuera exitosa en eliminar a los criminales -personas- a los que considera desechables, estas filas se llenarían nuevamente con todos los hambrientos, desempleados y olvidados de esta tierra.

Además, hay otra alarmante intención en la ambigüedad del término terrorismo, que no es nueva, sino que ha sido aplicada por los gobiernos autoritarios y neoliberales de toda Latinoamérica desde los años 70. Con esta política criminalizan a actores que luchan contra un sistema precarizador: el movimiento indígena y campesino y las organizaciones sociales, estudiantiles y de trabajadorxs.

El discurso de la “amenaza a la seguridad interna del estado” ha sido siempre un discurso de las élites en contra de quienes cuestionamos sus privilegios y políticas hambreadoras, ya que su riqueza y poderío solo se ha podido edificar a costa de la pobreza de las mayorías.

El estado de excepción permanente al cual la institucionalidad nos ha sumido con la presencia de miltares en las calles, nos recuerda los grandes crímenes de Estado de la historia latinoamericana donde este tipo de instrumentos legales e institucionales han devenido en abusos, torturas, falsos positivos, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

Sabemos que la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico es necesaria. No podemos cerrar los ojos y ser complacientes cuando en nuestras narices las mafias y la burguesía se reparten el país, la mayoría de veces en acuerdo y complicidad. Pero no podemos caer en ingenuidades, creyendo que el problema se resolverá reprimiendo más al pueblo.

• Señalamos públicamente a Guillermo Lasso como responsable de todos los atropellos al pueblo que puedan suceder en su afán de mantenerse a toda costa en el poder y así defender sus intereses económicos y los de su clase política.
•  Rechazamos el permanente estado de sitio al que las bandas transnacionales y las fuerzas represoras del Estado nos tienen recluidos.
• Llamamos a mantenernos vigilantes ante los atropellos a los DDHH que se puedan generar so pretexto del decreto ejecutivo 730, así como también alertar de los posibles falsos positivos y criminalizaciones a luchadorxs sociales que el carácter discrecional de este decreto pueda ocasionar.
• Exigimos políticas publicas integrales que garanticen salud, educación, empleo digno y seguridad social para todxs.

Contra la arremetida neoliberal, a preparar la ofensiva popular